El acoso callejero es un problema que persiste en nuestra sociedad y con gran intensidad. Cuando tenía 14 años, mientras regresaba del colegio a mi casa, un hombre me empezó a seguir y a decir comentarios de índole sexual muy fuertes. Asustada, me acerqué a un serenazgo y le comenté lo que pasaba. Le pedí que por favor hiciera algo al respecto. Como el hombre vió que estaba con una autoridad, solo se marchó. El serenazgo se rió y me dijo: “No te ha hecho nada, niña, no exageres y déjame hacer mi trabajo”. Lamentablemente, es muy común que las mujeres que transitan en las calles de Lima vivan este tipo de situaciones. Las autoridades suelen minimizar este problema. Una encuesta realizada por el Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú sobre Acoso Sexual Callejero muestra que a nivel nacional, de cada diez mujeres de 18 a 29 años, siete han sido víctimas de acoso callejero. La ineficiencia del Estado en cuanto a la ejecución de normativas y planteamiento de soluciones viables es muy evidente, y es una de las causas principales de que este problema continúe y nos siga afectando día a día. Si bien existe una normativa que penaliza el acoso callejero, esta todavía no puede ser aplicada con efectividad. La Ley Nº 30314 “para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos” fue promulgada en el 2015. Esta indica que se debe sancionar todo tipo de acoso que atente contra los derechos de las personas y, en especial, los de las mujeres. Asimismo, esta ley dicta que una de las obligaciones de los gobiernos regionales, provinciales y locales, es prevenir y sancionar el acoso sexual callejero. Para ello, tienen que establecer procedimientos administrativos para la denuncia y sanción de este delito. También deben incorporar medidas de prevención frente a estos actos en sus planes operativos institucionales y, por último, deben brindar capacitación a su personal, en especial, a los integrantes del equipo de seguridad. A pesar de lo mencionado anteriormente, solamente 20 de 43 municipios han implementado ordenanzas para adecuarse a esta ley. Esto resulta desafortunado, ya que evita que este problema pueda ser erradicado. Asimismo, existe otra gran dificultad que consiste en la falta de tipificación de cada tipo de acoso callejero por parte del Estado. Con esto nos referimos a que las autoridades no han tomado en cuenta los diferentes tipos y situaciones de acoso callejero. Por ejemplo, los conductores que acosan a las personas en la calle son muy difíciles de atrapar, ya que su falta sucede en cuestión de segundos y es casi imposible que la víctima logre tomarle una foto al conductor o a la placa. Ademas, las cámaras de seguridad, si es que las hay, no tienen tan buena definición como para captar el rostro del acosador, y peor aún carecen de sonido. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a estas situaciones? La falta de efectividad de la ley se debe a que esta no puede aplicarse correctamente, lo que hace que carezca de efecto persuasivo. Como la ley señala, su propósito es prevenir y sancionar. Si la ley fuera efectiva, habría un efecto de persuasión sobre los acosadores, lo que los alentaría a no seguir cometiendo estos actos por miedo a una condena penal o alguna multa, pero, como lamentablemente no se aplica, los agresores no se sienten amenazados, por lo contrario sienten la tranquilidad suficiente para seguir haciéndolo. En conclusión, la falta de intervención del Estado es una de las causas fundamentales del porqué sigue existiendo el acoso callejero. El Estado debe preocuparse, no solo en dictar normas y leyes, sino también de verificar mecanismos que las hagan factibles para que puedan ser aplicadas con efectividad por el bien y seguridad de las mujeres.